La ACLU of New Jersey, ACLU Immigrants’ Rights Project, y el Seton Hall Law School Center for Social Justice de Seton Hall han presentado hoy una demanda en nombre del Comité de Apoyo a los Trabajadores Agrícolas (CATA), una organización de base que se ocupa de mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores agrícolas, y que solicita medidas cautelares y una sentencia declaratoria por violación de la igualdad de protección prevista en la Constitución de Nueva Jersey.

La demanda se presentó ante el New Jersey Superior Court para el condado de Mercer. En ella se afirma que las exclusiones en las leyes estatales sobre salarios y horas de trabajo que niegan a los trabajadores agrícolas la igualdad salarial y la protección de las horas extras son discriminatorias, y que estas exclusiones violan la prohibición que establecen las leyes especiales de la Constitución estatal.

“La razón por la que, de forma arbitraria, se excluye a los trabajadores agrícolas de la protección salarial en Nueva Jersey se basa en el racismo. Relegan a los trabajadores agrícolas a un estatus legal de segunda clase y, así, privan a los miembros del CATA de sus derechos a la igualdad, la dignidad, la seguridad y la salud”, dijo la directora de Asuntos Legales de la ACLU-NJ, Jeanne LoCicero. “Los estados de todo el país han reconocido que la exclusión de las horas extraordinarias y el salario mínimo atentan contra la igualdad; es hora de que Nueva Jersey haga lo mismo”. 

Desde 1966, Nueva Jersey niega a los trabajadores agrícolas el derecho al pago de horas extraordinarias que se exige para otros trabajadores en situaciones similares. Hoy en día, la Ley de Salarios y Horas (Wage and Hour Law, WHL) del estado sigue negando a los trabajadores agrícolas las mismas protecciones salariales y de horas extraordinarias garantizadas a los demás ciudadanos de Nueva Jersey. A pesar de enmendar la ley en 2019 para aumentar el salario mínimo a $15 a partir de 2024, los legisladores, una vez más, excluyeron a los trabajadores agrícolas de una protección equivalente, además de que establecieron un salario mínimo más bajo e instituyeron solo aumentos salariales incrementales hasta 2030.

“Los trabajadores agrícolas de Nueva Jersey, muchos de los cuales son miembros del CATA, se han enfrentado durante años a la carga de los bajos salarios, las largas horas de trabajo y un cierto sentimiento de invisibilidad en nuestra sociedad”, señaló Jessica Culley, coordinadora general del CATA. “Hemos visto cómo otros estados del país comienzan a tomar medidas para reconocer la importante contribución de los trabajadores agrícolas a nuestras comunidades y a nuestra economía. Queremos que Nueva Jersey se convierta en líder en el apoyo a los derechos de los trabajadores agrícolas; empezando con pagarles los mismos salarios y ampliando el pago de las horas extraordinarias”. 

Estas exclusiones no solo perjudican a un grupo particular más vulnerable, sino que también reflejan políticas federales que se diseñaron con intención de perpetuar la discriminación racial. Los legisladores de Nueva Jersey modelaron las exclusiones de los trabajadores agrícolas de la WHL a partir de exclusiones equivalentes en la Ley de Normas Laborales Justas (Fair Labor Standards Act) y otras leyes laborales del New Deal, ambas diseñadas para excluir específicamente a los trabajadores negros y a los pertenecientes a minorías. 

“A los trabajadores agrícolas se les han negado derechos fundamentales durante muchos años, y merecen liberarse de la discriminación y el racismo que les ha privado de salarios justos”, afirmó Manuel Guzmán, organizador principal del CATA. “El aumento de los ingresos permitirá a los trabajadores sustentar a sus familias con plenitud y disfrutar de sus vidas”. 

“Una mejor remuneración para los trabajadores agrícolas se reflejaría en mejores condiciones de vida, mejor acceso a la atención médica y más oportunidades de educación y crecimiento personal”, estableció Edgar Aquino-Huerta, organizador de trabajadores del CATA. “Con salarios más altos, los trabajadores podrán priorizar su salud y seguridad, y reducir el riesgo de lesiones y enfermedades relacionadas con el exceso de trabajo y el descanso inadecuado. Además, tendrán más posibilidades de acceder a una vivienda estable y segura, lo que reducirá el riesgo de quedarse sin hogar y la inseguridad en la vivienda”. 

En casos previos, el New Jersey Supreme Court ha reconocido que los trabajadores agrícolas, quienes en su mayoría son latinos y miembros de la comunidad inmigrante, merecen una consideración judicial especial porque se encuentran entre los residentes más marginados del Estado: los trabajadores agrícolas de Nueva Jersey reciban salarios bajos, tienen escasa representación sindical y muchos no pueden votar en las elecciones. Este hecho hace que los trabajadores agrícolas sean muy vulnerables al trato injusto en el lugar de trabajo, lo cual se demuestra por su exclusión de las protecciones salariales y de horas que el estado garantiza a otros. 

“Los tribunales de Nueva Jersey tienen una larga tradición de cumplir con la promesa de la Constitución del Estado como fuente de protección independiente y más amplia que la Constitución Federal”, dijo Jenny-Brooke Condon, profesora de Derecho y directora de la Seton Hall Law School’s Equal Justice Clinic. “Esa tradición es importante en casos como este, en el que los trabajadores agrícolas vulnerables, excluidos de las protecciones laborales básicas proporcionadas a otros trabajadores en situaciones similares, buscan el cumplimiento de la garantía básica de igualdad de trato de la Constitución del Estado”. 

“La exclusión de los trabajadores agrícolas de las horas extraordinarias y el salario mínimo por parte de la Legislatura de Nueva Jersey se dirige contra algunos de los residentes más trabajadores del estado, quienes recogen frutas y verduras saludables para las mesas de todo el estado, pero luchan por mantener a sus propias familias. Estas leyes deben ser derogadas. Los trabajadores agrícolas tienen derecho a las mismas protecciones salariales básicas que reciben otros ciudadanos de Nueva Jersey”, dijo Noelle Smith, becaria de Skadden en el ACLU Immigrants’ Rights Project